Se trata de una infraestructura cotidiana indispensable y aún así gravemente disfuncional tanto en lo que se refiere a los derechos digitales de los usuarios como a la eficiencia práctica y económica.
Las instituciones no deben abdicado en la defensa del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, un derecho conquistado en Europa allá por 1700.
El correo electrónico ofrecido gratuitamente aunque sea un servicio caro de mantener, es la entrada de las Big Tech en la digitalización masiva de las personas, las instituciones y los servicios públicos. Las instituciones aceptan el Gmail gratuito o el Outlook y después adquieren toda la suite del resto.
Efectivamente porque no. El correo debería ser un servicio gratuito para la ciudadanía, pero no así: un monopolio privado de facto, en una infraestructura esencial como la de la comunicación interpersonal.
Por otra parte, estos servicios están actualmente configurados por diseño como servicios centralizados, planteando notorios graves problemas para el derecho al secreto de la correspondencia y la sostenibilidad. Y sobre todo es absurdo: en la era de las redes, que para escribirnos sigamos debiendo pasar por un mediador centralizado es simplemente absurdo y anacrónico. Ciertamente, no responde a motivos lógicos, sino de dominación.
Por todo ello, en el informe proponemos que las instituciones asuman el diseño de una infraestructura descentralizada de comunicación interpersonal soberana que sustituye al actual sistema de correo electrónico.