Digitalización democrática: una transición digital basada en los derechos humanos, desde el diseño y por defecto.
Digitalización soberana: una digitalización donde incluso el actor más pequeño de la arquitectura democrática – es decir, cada ciudadana y ciudadano – puede controlar de forma desintermediada el uso y destino de los contenidos creados y los datos generados.
Cuando hablamos de digitalización, a menudo nos referimos a grandes proyectos de infraestructuras como el 5G o la inteligencia artificial o a los debates sobre el uso de lo digital en las sociedades.
Sin embargo, existe una capa ineludible antes de todo esto que hace posible la vida digital cotidiana en todas las actividades de la sociedad, desde los servicios esenciales hasta el uso individual: el acceso a Internet; la creación de contenidos y su almacenamiento; la comunicación interpersonal online; la navegación, etc.
Cuando la capa básica de la vida digital cotidiana viola sistemáticamente los derechos de las personas que la usan, todo lo que se haga con ella sucederá en un marco sin garantías democráticas. Operar en nubes donde se generan y almacenan configuraciones, datos y contenidos de forma no soberana es un ejemplo de ello.
Creemos que esta responsabilidad recae sobre nuestras instituciones que no deben hacer dejadez de funciones. El éxito de la digitalización no debe producirse con la destrucción de derechos fundamentales como daño colateral.
La privacidad es el punto de partida de un esquema que sea garante de derechos. Poder garantizar el cumplimiento de los principios democrático es poder auditar las herramientas e infraestructuras digitales para saber lo que ejecutan; es decir, es haciendo su código fuente accesible, disponible para ser auditado de forma distribuida y desintermediada.
Desde esta perspectiva, sólo las herramientas de software libre responden a estos requisitos.
El software libre (FLOSS) tiene otra ventaja fundamental: contribuye a impulsar el emprendimiento sociotecnológico porque se pone a disposición de todos y, gestionado con racionalidad, puede hacer perdurar la inversión pública mucho más que el código propietario. Además, esta perspectiva de cambio de las pautas de consumo individuales, pero también (y sobre todo) institucionales, es también una forma de reducir nuestra huella ecológica.
El hecho de que la capa de digitalización básica cotidiana sea proporcionada más intensamente por sólo unas pocas Big Tech, incluso en el contexto de las instituciones y los servicios esenciales, es una indicación de que se está enviando una señal equivocada al mercado: que la digitalización puede tener lugar sacrificando a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs); sacrificando la innovación como capacidad humana valiosa y distribuida; ya menudo sacrificando los propios derechos humanos.
Por el contrario, las acciones/prototipos prácticos propuestos en nuestro informe pretenden reestructurar la economía desde el punto de vista de la digitalización democrática y soberana, es decir, haciendo del respeto a los derechos humanos la materia prima de un diseño empresarial distribuido.
En el informe, abordamos 3 ámbitos como esenciales en la digitalización cotidiana. En los 3 ámbitos indicamos cómo las instituciones pueden rectificar la situación.
Además se tratan 2 ámbitos transversales: la brecha digital (se trata únicamente la brecha territorial y socioeconómica) y los aspectos relacionados con problemas en la licitación pública.
La situación que nos hemos encontrado intentando aprovechar el talento que existe en el ámbito digital para el desarrollo de código es preocupante. Existe una recurrente mala praxis en la licitación pública.
La sistemática violación de la regulación nacional y europea sobre contratación pública que desde 2014 obligaría a las instituciones a lotizar para favorecer así a las pequeñas y medianas empresas y la ausencia de cláusulas para el respeto de los derechos digitales, hace extremadamente difícil el desarrollo sostenible y de calidad de empresas locales en ámbito digital y de empresas de desarrollo de software auditable.
En resumen, la sostenibilidad de la digitalización soberana y democrática pasa por políticas antimonopolio y de inversión que lleguen a las PYMEs. Es decir: la simple aplicación de las directivas europeas permitiría la democratización del derecho a emprender en una digitalización más democrática.
Los propios datos de la Unión Europea muestran que en muchos sitios no se llegan a lotizar más del 30% de los contratos públicos y la media europea es del 50%.
Es un círculo vicioso: las grandes empresas ganan las pujas porque el sector del código auditable no puede hacer frente a grandes despliegues. El sector del código auditable no puede hacer frente a grandes despliegues porque no se le permite mejorar y crecer, puesto que no hay oportunidades para él.
Mientras, por un lado, los gobiernos piden a la ciudadanía que compre localmente para reactivar la economía, no dan ejemplo y siguen adjudicando los concursos a empresas gigantes y/o multinacionales.
Otra responsabilidad institucional es permitir la penetración de Big Tech en las instituciones con productos que ofrecen a cero euros, como es el caso en educación, sanidad o en el correo, ofrecidos de forma «gratuita» en términos monetarios.
Los principales riesgos para la competencia están relacionados con que:
-Esto ocurre fuera de la contratación pública, con la excusa de que el coste es cero o sea fuera del mercado;
– Esto «nivela» los campos de juego, impidiendo que surjan competidores; y quien se beneficia, crece por lo que se hace «inexpugnable».
En resumen, pedimos a las administraciones que todavía digitalizan con ligereza –que son la mayoría– que asuman sus responsabilidades.
Que la ciudadanía usemos software no auditable puede ser porque no tenemos otra opción o no podemos adaptarnos, pero cuando una institución sigue usando todos los días software no auditable, está violando sistemáticamente los derechos de la población; no sólo los digitales, sino también la inviolabilidad de las comunicaciones, los de la libertad de emprender y de la efectiva tutela jurídica entre otros.
